Según esas organizaciones, el gobierno está retrasando el avance de la ingeniería genética en México al imponer requisitos para la siembra de transgénicos. Si esos transgénicos hubieran surgido de los laboratorios de la UNAM, el argumento tendría solidez, pero las empresas transnacionales que los desarrollaron no tienen la menor intención de compartir su conocimiento científico con nadie en México. Por el contrario, pretenden instalarse como proveedores, sin duda únicos, de organismos genéticamente modificados en la agricultura.
El problema que señalan prestigiados investigadores en agronomía que forman parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Asociación Civil, como el doctor Antonio Turrent, investigador del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), es el riesgo de contaminación de las 59 razas de maíz que hay en México y de las que obtiene su semillas de siembra más de 70 por ciento de los agricultores y campesinos.
El doctor Turrent sostiene que el uso de las semillas genéticamente modificadas pone en peligro la sobrevivencia de esas razas nativas de maíz, las cuales se han desarrollado a lo largo de miles de años a partir del teocintle. El riesgo consiste en que la fecundación inevitable de esas razas por maíces transgénicos les provoque perdida de vigor en su crecimiento y menor o nula resistencia a plagas, enfermedades y variaciones ambientales.
Esas 59 razas nativas de México son la mayor riqueza genética que hay en el planeta y están aquí porque nuestro país es el centro de origen del maíz. De perderse ese germoplasma, los campesinos perderían la posibilidad de obtener semillas de sus cosechas para la siguiente siembra. Dependerían de la compra a Monsanto de semillas y del paquete de químicos para hacerlas germinar, aunque para ello necesitarían dinero que no tienen.
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