¿QUIENES ESTAN ATRAS DE DRAGON?

Miércoles, 28 de julio de 2010
La Jornada de Oriente - Puebla -

FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA

El comportamiento que han adoptado funcionarios del gobierno del estado en últimas fechas en torno a la empresa Agricultura Nacional Grupo Dragón hace suponer que detrás de dicha compañía existe un poder fáctico o un inversionista local que ha conseguido que las autoridades se dediquen a proteger los intereses económicos de esa planta, que utiliza 14 químicos de alta toxicidad, en lugar de defender los derechos de la población.

Existe la sospecha –tal como lo dio a conocer en 2002 una publicación especializada en agroquímica– de que los hijos de la ex primera dama Martha Sahagún de Fox podrían tener inversiones en Grupo Dragón, luego de que se supo que habían estado interviniendo en el rubro de elaboración de productos químicos para la trasnacional Du Pont.

Se dice que, en general, existe una actitud del gobierno federal de no intervenir en contra de Dragón.

De resultar ser cierto lo de los hijos de Martha Sahagún, no se acaba de explicar el trato preferencial hacia la compañía, pues los hermanos Bribiesca Sahagún dejaron de tener un trato privilegiado desde que acabó el sexenio de Vicente Fox.

Y el caso es que se dice que llamadas telefónicas salidas desde Los Pinos paralizaron a dependencias federales para actuar contra Dragón, pese a los antecedentes negros que tiene la compañía que  provocó en 1991 el peor accidente industrial que se ha vivido en Córdoba, Veracruz.

El trato privilegiado a esta compañía data desde mucho antes de que irrumpieran en la política los hijos de Sahagún.

Hace tres sexenios, Grupo Dragón llegó a Izúcar de Matamoros; venía con el antecedente de que con otra razón social, que era Anaversa, una de sus plantas sufrió un accidente el 3 de mayo de 1991 en Córdoba, Veracruz, en donde de acuerdo con investigaciones contratadas por la población de esa comunidad, los efectos de la explosión habían dejado una secuela de mil 500 personas que se intoxicaron y a lo largo de los años murieron de cáncer.

Pese a esos antecedentes, a Dragón se le dieron facilidades para instalarse, pues no le costó el terreno en donde se encuentra la fábrica y desde entonces operó sin tener ningún permiso de uso de suelo ni licencia de funcionamiento ni regulación sobre el manejo de las sustancias químicas que ahí se procesan.

Esos privilegios no solamente surgieron de parte de las autoridades locales, sino también federales, ya que la planta cuenta con un permiso de concesión de la Comisión Nacional del Agua para obtener agua del subsuelo y al mismo tiempo tiene una descarga de desechos.

En Izúcar de Matamoros existe un plan de ordenamiento urbano que tendría que prohibir la presencia de Dragón cerca de la zona urbana del municipio; sin embargo, no sólo se le ha dejado funcionar, sino que en las proximidades se instalaron una gasera y un panteón que al parecer son propiedad de una persona de apellido Mendieta, que fue un alto funcionario de la Secretaría de Salud en el pasado sexenio.

Lo relevante es preguntarse ¿quién está resultando ser tan influyente o con mucho poder económico para que el gobierno del estado se haya convertido en el defensor de Dragón?

La empresa genera 180 empleos que, por cierto, están muy mal pagados; es decir, su cierre en nada afectaría a la economía del estado.

Frente a ese dato, surgen más cuestionamientos: ¿por qué en el gobierno del estado se está buscando ayudar a dicha fábrica para que ahora se instale en San Martín Texmelucan?

¿No es más fácil mandarla a cerrar, sobre todo cuando es la única planta que en el estado elabora agroquímicos?

¿Hubo cañonazos para el cambio de actitudes de algunos funcionarios?

¿Qué hizo cambiar al secretario de Salud Alfredo Arango García, que primero fue enfático en dar a conocer que la explosión de Dragón –del 24 de febrero de este año– dejó 750 intoxicados y ahora dice que los productos químicos ahí procesados son inofensivos?

¿Por qué se empeña Alfredo Arango en defender un estudio elaborado por un par de miembros de la Universidad de Chapingo que es refutado y echado a la basura por cualquier ciudadano con más de dos dedos en la frente?

¿Por qué no se hace caso a los estudios que se elaboraron en Córdoba, Veracruz, cuando ocurrió el accidente industrial de 1991?

Las dioxinas son un componente químico que se genera por un proceso de combustión en el que hay cloro. Si los seres humanos están en contacto con ese componente en altas cantidades pueden enfermar de cáncer, diabetes o, sobre todo, sufrir daños al sistema nervioso central, entre otros riesgos.

Si en el medio ambiente hay 75 partes de dioxinas no existe ningún riesgo para la salud.

En 1991, luego de la explosión de la planta de Anaversa, se llegaron a encontrar hasta 4 mil partes de dioxinas, lo que sí era una contaminación de alto riesgo para el grueso de la población.

¿Qué espera el gobierno, que haya una tragedia como la de Córdoba?

¿Es más fuerte el poder persuasivo de los inversionistas que la salud de toda la población?

Queda claro que para algunos miembros del gobierno business are bussiness.