CONCLUSIONES

Conclusiones

El accidente de Anaversa hizo evidente la falta de información sobre las actividades reales de esa planta; la inexistencia en la ciudad –y en el país– de planes adecuados para el control de emergencias químicas; la ignorancia generalizada de los graves riesgos a que se expone el personal de primera respuesta, así como su nula protección y escasa capacitación, para no hablar de las irregularidades por las que se le renovaron las licencias federales de salud y ambiente.

También fue notorio que, en Córdoba, –como en el resto del estado y del país– no había mecanismos de protección civil ni control alguno para reducir la exposición y los riesgos de la población cercana, ni los de los servicios de emergencia y los soldados.

A pesar de resentir en su salud los efectos adversos de la exposición continua a esos productos, sus trabajadores y los vecinos de la planta ignoraban el peligro al que estaban expuestos hasta que las llamas consumieron las numerosas sustancias tóxicas almacenadas ahí.

El accidente mostró que, desde un principio, todas las autoridades habían actuado con ignorancia, irresponsabilidad o connivencia con la empresa, pues desatendían las continuas quejas de la población mientras renovaban periódicamente los permisos de funcionamiento.

Cabe señalar que las autoridades de salud y ambiente que indebidamente autorizaron dichas renovaciones fueron separadas de sus cargos después del accidente pero, después de un tiempo prudencial, regresaron a puestos de primer nivel. Sus errores, junto con sus posiblemente ilícitas acciones, siguen impunes, mientras se desconoce cuántas personas han muerto por males derivados de los tóxicos que se incendiaron. Después, el fuego resaltó aun más el grado de complicidad entre el sector privado y el oficial supuestamente encargado de velar por la salud pública y cuidar los recursos naturales, así como la negligencia y corrupción oficiales.

La irresponsabilidad y la connivencia de las autoridades locales con los propietarios de la planta fue evidente cuando insistieron en que, para reconocer que la explosión había causado un daño, los afectados deberían demostrar la relación entre una y otro. A pesar de que, en un caso como éste, en que la exposición aguda resultante del accidente se superpuso a la exposición crónica de la comunidad, no es fácil establecer una relación causa-efecto, por lo que debería haberse exigido a los dueños que probaran que no había habido daño.

En el accidente de Anaversa, también destaca la incapacidad de las autoridades de todos los niveles para aprender de sus propios errores y evitar que en nuevos accidentes se repitieran, como ha ocurrido con el de Dragón y varios más. Así, por ejemplo, se siguen otorgando licencias a industrias que no deberían obtenerlas o permitiendo que continúen operando las que no cumplen con la normatividad vigente. Mal papel hizo también la CNDH, pues consideró que su recomendación se había cumplido, a pesar de que no fue así.

Mientras los dueños de la planta no fueron sancionados, la comunidad afectada y quienes la han apoyado han sufrido desatención, ofensas e intentos de desprestigio y han visto cómo sus derechos constitucionales se violan impunemente sin que nadie se haga cargo de atender sus justas demandas. Mientras muchos inocentes han muerto y muchos más padecen las secuelas de la exposición a las sustancias que consumió el fuego y a las dioxinas que posteriormente se produjeron, ninguno de los responsables (propietarios y autoridades) pisó la cárcel. Éstos son casos claros en los que no se ha aplicado la actual legislación ambiental ni su principio básico “el que contamina paga”.

Lo de Anaversa no ha terminado, ni terminará, mientras los afectados no reciban la atención y apoyo que requieren; mientras el local de la planta siga en pie, destechado y como fuente continua de contaminación del entorno con sustancias muy peligrosas; mientras no se draguen los arroyos y pozos afectados por el accidente, hasta asegurar que están libres de contaminantes persistentes; mientras se siga violando el derecho constitucional a la protección de la salud de quienes residen en las cercanías de plantas de alta y mediana peligrosidad en Córdoba, el resto de Veracruz o en el país, aunque no exploten. Y, desde luego, mientras se tengan que pedir, como algo especial, datos sobre los contaminantes que las fábricas emiten o desechan.

Anaversa figura entre las grandes tragedias debidas a la industria de agroquímicos y sólo podrá ser recordada positivamente cuando sus enseñanzas sirvan para prevenir casos similares; cuando el personal de atención a las emergencias no sea tanto o más afectado por ellas que la comunidad. En fin, el día en que todas las plantas que manejan sustancias peligrosas estén realmente bajo control o sean clausuradas, si se niegan a estarlo.

Recomendaciones

El país gasta mucho en indemnizaciones, reparaciones inadecuadas y no siempre suficientes y por la omisión del cumplimiento de la legislación y exigir que el que contamine, pague; es decir, en solapar a la industria para que eluda su responsabilidad ambiental y de reparación del daño, cuando este dinero podría ser mejor utilizado, entre otras cosas, para llevar un registro de las instalaciones y actividades peligrosas, establecer mecanismos de alerta temprana, desarrollar la conciencia sobre los riesgos en las comunidades aledañas, así como para fortalecer los centros de emergencias químicas y de información toxicológica para que actúen con coordinación y eficacia en estos casos. Es evidente que en México falta una ley de responsabilidad ambiental.

También es necesario que el Sistema Nacional de Protección Civil deje de centrarse en los desastres de origen natural y preste una atención adecuada a las emergencias químicas; de igual importancia es que las autoridades de salud y ambiente de los tres niveles de gobierno tengan una participación mayor y más activa en el sistema y que éste salga del control de las autoridades de gobernación.

En realidad, no sólo es importante la preparación para responder a las emergencias químicas sino para evitarlas, para ello se necesita fortalecer la aplicación de la legislación ambiental, la inspección y vigilancia.

No debe olvidarse al respecto las instancias técnicas y administrativas que deben participar en el control y evaluación de estas emergencias y emitir reglamentos para que se lleve un control puntual de todas las que ocurren en el país. De tal modo que, eventualmente, se cuente con una base de datos para determinar las sustancias que intervienen en ellas con mayor frecuencia, los sitios en que ocurren, sus consecuencias y sus costos monetarios en salud, en equilibrio ambiental y en estabilidad sociopolítica, a corto y a largo plazo.

En síntesis, es de extrema urgencia que las causas y consecuencias de las emergencias químicas en México sean motivo de un análisis serio, a partir del cual se establezca una política pública explícita para prevenirlas. Y mecanismos suficientes y adecuados para asegurar la protección de las comunidades que residen en las zonas industriales más importantes del país y cerca de las principales rutas de transporte de materiales peligrosos.